“No más silencio”: Ipas recolecta historias de las mujeres sobre el aborto

Toda mujer que tiene un aborto tiene una historia que contar.

Foto cortesía de David and Lucile Packard Foundation.

Aunque el aborto es uno de los procedimientos más comunes experimentados por las mujeres en todo el mundo, rara vez se oye a las mujeres que han tenido abortos contar sus historias. En un ambiente mundial donde se protesta cada vez más contra el aborto, los puntos de vista de las mujeres respecto al aborto son opacados por los debates políticos y religiosos en torno a los derechos reproductivos.

Ipas ha creado “Voces,” una base de datos mediante la cual se recolectan las historias de mujeres de todas partes del mundo sobre el aborto. En “Voces”, nos enteramos de una madre etíope, quien no sabía que su hija de 14 años de edad estaba embarazada hasta que la adolescente se encontraba moribunda a consecuencia de un aborto realizado en condiciones de riesgo; de una familia egipcia, que intentó reunir dinero a duras penas para interrumpir el embarazo de su hija; y de cómo incluso las mujeres en Estados Unidos a veces se enfrentan con barreras cuando desean interrumpir un embarazo no deseado o no seguro. Estas historias son recopiladas de artículos de periódicos, revistas científicas, publicaciones de otras organizaciones de derechos reproductivos y, siempre que sea posible, colegas que trabajan directamente con estas mujeres a nivel mundial.

Hoy, Ipas celebra el lanzamiento de una serie que será publicada de vez en cuando, titulada “No más silencio: historias de las mujeres sobre el aborto”, en la cual se destacan algunos de los cuentos de estas mujeres. Estas historias ilustran una realidad mundial común: el hecho de que las mujeres a menudo tienen poco control sobre su salud reproductiva y poco acceso a los servicios que necesitan. Sin embargo, también exponen las formas igualmente concretas en que las diferencias personales de las mujeres —tales como su vivienda, sus ingresos y su nivel de escolaridad— son factores que influyen en su posibilidad de tener acceso a los servicios de atención segura del aborto, así como en el tratamiento que se les brinda.

En este primer número de “No más silencio”, se muestra cómo dos mujeres —una de 45 años de edad que vive en Estados Unidos, y la otra de 17 años proveniente del Perú— fueron obstaculizadas en sus esfuerzos por interrumpir su embarazo, aun cuando había pruebas significantes de anormalidad fetal y de que su vida corría peligro.

Janet, de 45 años, vivía en el estado de Montana, EE.UU. Ella y su esposo tenían un rancho, y por medio de la agricultura les entraban algunos ingresos; la pareja tenía que depender de Medicaid para pagar por sus servicios de atención en salud. Con una finca, cinco hijos y padres de la tercera edad, Janet tenía muchas responsabilidades, y cuando sufrió una caída del techo a una altura de 49 metros, mientras lo reparaba un día, ella sabía que tenía un problema.

“Sentí un flujo de agua, y me pareció igual a las veces que rompí aguas antes de dar a luz a mis hijos. Hice una cita para consultar a mi médico, y una semana más tarde, él me informó que yo tenía 17 semanas de embarazo. La ecografía mostró que ya no quedaba líquido amniótico en el saco, pero que el corazón del feto estaba latiendo. El médico dijo que el bebé no sobreviviría, y que se ha comprobado que el medicamento que yo estaba tomando para la enfermedad de Lyme causa defectos congénitos.

“Dado que él me había asistido con mis partos, confié en él y le pedí que me practicara un aborto. Él dijo que aunque sabe cómo hacerlo y que está a favor del derecho a decidir (en cuanto a la interrupción del embarazo), no le era posible porque en su hospital el aborto está prohibido. Me deseó buena suerte y me advirtió que debía llegar al hospital rápido tan pronto presentara una hemorragia, como sucedió con mis últimos tres embarazos. El último fue tan malo que por poco muero. El hospital queda a una hora y 40 minutos de nuestra casa”.

A pesar de que era obvio que la vida de Janet estaba en peligro, el programa de Medicaid de Montana no paga por un aborto. Ya cuando Janet pudo reunir el dinero y encontró a un médico, quien estuvo de acuerdo en practicarle el aborto pero cuyo consultorio quedaba a tres horas de su casa, ella tenía 19 semanas de embarazo.

La noche antes de la cita programada para el procedimiento de aborto, ella empezó a sangrar en exceso. Durante su traslado de urgencia al hospital, le continuó la hemorragia, pero el personal médico se negó a practicarle una evacuación endouterina. Ellos sugirieron volarla al estado de Utah, donde había un establecimiento de salud especial para bebés sumamente prematuros. Pero con sólo 19 semanas, el niño no hubiera podido vivir. Al no quedarle ninguna otra opción, Janet tuvo el parto; el niño nació con graves deformaciones y murió poco después.

A pesar de que agradece aún estar viva, Janet está furiosa con el sistema que no quiso escuchar sus deseos y esforzarse por salvar su vida.

“En cada etapa, la vida del feto era más importante que mi propia vida. Me enoja saber que mi propio médico rehusó practicarme el aborto. ¿Por qué debe tratarse al aborto como algo distinto a cualquier otro procedimiento médico? Estoy enfadada porque en el hospital no me permitieron tener un aborto, ¡aun cuando yo corría riesgos y mi estado clínico era delicado!”

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A una distancia de miles de kilómetros, en Perú, una joven de 17 años de edad —conocida sólo por las iniciales K.L.— tenía 12 semanas de embarazo cuando le informaron que el feto no tenía cerebro, una afección llamada anencefalia, y que tenía pocas probabilidades de sobrevivir.

Más aún, la vida de la joven también estaba en peligro. Bajo la ley peruana, la cual permite el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, K.L. tenía derecho a un aborto.

Sin embargo, cuando ella solicitó que le practicaran un procedimiento de aborto, los médicos se negaron. No sólo la obligaron a llevar el embarazo a término, sino que también la forzaron a amamantar al niño, quien sólo tenía líquido donde se suponía que estuviera su cerebro. Tras la muerte inevitable del niño, K.L. inició psicoterapia para lidiar con su trauma.

En el año 2005, el Comité de Derechos Humanos, establecido por la ONU, vio el caso de K.L. y  dictaminó que la denegación del aborto legal es una violación de los derechos humanos.

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Kirsten Sherk
Gerente, Unidad de Comunicaciones
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