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Según una coalición integrada por Ipas México, un informe reciente de la ONU sobre los derechos y el estatus de las mujeres en México le resta importancia a una persistente violencia basada en género y políticas de aborto contradictorias.

En el último informe gubernamental de México al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer no se trata adecuadamente la violencia basada en el género y prácticamente se hace caso omiso del aborto, dice una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) preocupadas con asuntos de las mujeres.

Ipas México es parte del grupo de ONG conformado por Católicas por el Derecho a Decidir y GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida).

Las ONG están criticando el sexto informe periódico del gobierno mexicano, el cual fue presentado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en el mes de agosto. Cada país que ha firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer debe informar cada cuatro años acerca de sus avances hacia garantizar los derechos de las mujeres. En el artículo 12 de la convención, por ejemplo, se insta a los Estados Partes a tomar las medidas adecuadas para eliminar los prejuicios en el campo de la salud contra las mujeres, así como para garantizar que las mujeres tengan acceso a la atención médica relacionada con el embarazo.

Aunque en el informe del gobierno mexicano se documentaron los cambios legislativos y las medidas tomadas para mejorar la condición social y jurídica de las mujeres en toda la extensión del territorio nacional, Ipas México y otros defensores y promotores de los derechos de las mujeres estiman que demasiados puntos fueron omitidos del documento.

Para presentar un cuadro más completo del panorama de los derechos humanos, Ipas México y otras organizaciones prepararon un “informe sombra”: un importante documento de los antecedentes en el que se basan las recomendaciones del comité y, por tanto, potencialmente podría influir en las acciones del gobierno.

Fernanda Díaz de León, de Ipas México, dijo que las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel principal en asegurar que los puntos importantes formen parte de la agenda pública.

Agregó: “Los grupos de la sociedad civil pueden resaltar los aspectos que los gobiernos no quieren tratar o señ alar los puntos que los gobiernos deben abordar. Ipas y GIRE redactaron la versión preliminar del capítulo del informe sombra acerca del acceso a los servicios de aborto, y ésta fue una herramienta muy importante para permitir a los expertos del comité determinar si el gobierno mexicano ha logrado avances en mejorar el acceso al aborto legal y seguro”.

La coalición mencionó las áreas en las que estima que México no ha mostrado suficientes pruebas de cumplimiento con la convención o con las recomendaciones anteriores del comité de monitoreo:

• Los prejuicios basados en género en las políticas públicas y las actitudes de los servidores públicos, como los funcionarios encargados de imponer el cumplimiento de la ley, con quienes las sobrevivientes de violencia sexual podrían tener contacto
• Las definiciones y sanciones contradictorias de la violencia entre las legislaciones estatales
• La falta de políticas para erradicar la trata de mujeres y niñas
• La ausencia de un marco conceptual nacional que garantice el acceso a los servicios de aborto legal
• La escasez de políticas que apoyen la prestación de servicios de aborto de calidad por personal de salud o personal judicial capacitado y sensibilizado

Algunas de estas inquietudes resonaron en las preguntas o solicitudes de información adicional del comité CEDAW. El comité dijo que el informe no incluye un resumen concreto del alcance de la violencia contra las mujeres en México y que se debe proporcionar más información sobre las formas de tratar el problema del aborto clandestino: una de las cinco causas principales de muerte entre las mujeres mexicanas.

Además, el comité solicitó datos adicionales sobre los resultados del programa nacional para garantizar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, tanto en las zonas urbanas como rurales.

El comité de monitoreo de CEDAW emitió sus observaciones finales (en inglés), en las cuales resalta los aspectos a los que debe prestar atención el gobierno mexicano. Entre las recomendaciones figuran: la “armonización” de las políticas estatales y federales del aborto; la concienciación sobre los riesgos del aborto inseguro; la ampliación de la atención en salud reproductiva y de los servicios de planificación familiar; una provisión más amplia de educación sexual tanto para los adultos como para los adolescentes; y campañas nacionales sobre los derechos humanos de las mujeres.

Díaz de León dijo: “Vamos a seguir de cerca la respuesta o los compromisos del gobierno. Pero a la misma vez, creemos que dichas recomendaciones no son sólo para los gobiernos; son para los países y para todos sus habitantes. Juntos, debemos utilizar las recomendaciones como herramientas importantes para la promoción y defensa (advocacy) en los años venideros”.

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Para mayor información, diríjase a: media@ipas.org