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Durante las guerras brutales en Bosnia y Ruanda, el mundo quedo horrorizado al enterarse del uso sistemático de la violación como un arma para aterrorizar al enemigo. En los conflictos en Darfur y el Congo, los casos de violación están bien documentados. La violación física que afrontan las mujeres es agravada por la realidad que posiblemente no tengan acceso para recibir tratamiento para las consecuencias de la violencia.
La violencia basada en género en ámbitos de conflicto —o “Detener el conflicto que se está desatando contra el cuerpo de las mujeres”— es el tema del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebrará el 28 de mayo de 2008. El llamado anual de acción fue creado por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR) e n 1987. Este año, WGNRR, en colaboración con sus miembros y personas que la apoyan, está haciendo un llamado a colaboradores a nivel local, nacional e internacional para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente para las mujeres en situaciones de conflicto .
A nivel mundial, los conflictos violentos en los últimos años han propiciado campamentos de violación, esclavitud sexual y fecundación forzada o infección intencional con VIH. De acuerdo con el Consorcio para la Respuesta de Salud Reproductiva en los Conflictos (RHRC) —un consorcio de organizaciones de refugiados y salud reproductiva— cuando la violación es utilizada como una estrategia de guerra para intimidar y traumatizar a una población, los perpetradores son los combatientes enemigos; pero el clima de anarquía que acompaña al conflicto armado a menudo provoca aumento en incidentes de violencia sexual también. Las mujeres corren riesgo no sólo de grupos enemigos. Human Rights Watch (HRW) ha documentado casos en los que mujeres en Darfur y Chad han sido forzadas a someterse a actos sexuales a cambio de la ‘protección’ de la policia y residentes de sexo masculino en el campamento.
Es imperativo que las mujeres que han sido violadas tengan acceso a atención médica integral. El Consorcio para la Respuesta de Salud Reproductiva en los Conflictos creó un “Paquete de Servicios Iniciales Mínimos” (PSIM) para ayudar a guiar a las organizaciones humanitarias a establecer servicios de salud reproductiva (incluido el tratamiento para las sobrevivientes de violencia sexual) en campamentos de refugiados o personas desplazadas internamente (poblaciones desplazadas que no han cruzado una frontera nacional). La Organización Mundial de la Salud (OMS) también produjo una guía clínica para el tratamiento de las sobrevivientes de violación en lugares de conflicto.
No es fuera de lo común que las mujeres que son violadas queden embarazadas. Las consecuencias de un embarazo no deseado producto de violación son graves: algunas mujeres son rechazadas por su esposo y comunidad, y sin acceso a la atención segura del aborto, es posible que recurran al aborto inseguro para interrumpir el embarazo no deseado. Según los cálculos de UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre el 25 y el 50 por ciento de las muertes maternas en ámbitos de refugiados son causadas por el aborto inseguro; comparado con sólo el 13 por ciento a nivel mundial. Por tanto, la guía clínica de la OMS recomienda que las sobrevivientes de violación en campamentos de refugiados y personas desplazadas tengan acceso a la anticoncepción de emergencia para evitar el embarazo, y que los prestadores de servicios de salud estén bien informados sobre las leyes de aborto del país anfitrión y sobre la disponibilidad de servicios seguros de aborto (si éste es legal).
Infelizmente, pocos campamentos están equipados para proporcionar a las mujeres atención segura del aborto o atención postaborto, ya sea con la tecnología o con personal experimentado. En una evaluación de la violencia sexual entre las personas desplazadas de Darfur en Chad, HRW observó que no se hablaba abiertamente sobre el acceso a los servicios seguros de aborto para las sobrevivientes de violación, a pesar de que la violación es una causal para el aborto legal en Sudan.
“En muchos de los países donde viven las mujeres refugiadas o desplazadas, las leyes permiten la interrupción del embarazo para algunas causales legales”, dice Bill Powell, Asesor Clínico Sénior de Ipas. “En estos casos, los gobiernos y colaboradores que están implementando programas para atender a estas mujeres, tienen la obligación de garantizar que estos servicios sean seguros y accesibles. Pero para muchas mujeres refugiadas, es casi imposible ejercer los derechos que se les concedieron de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales y documentos de derechos humanos.”
Los servicios de salud en los campamentos podrían tratar las complicaciones del aborto inseguro —o incluso proporcionar atención segura del aborto— con tecnología a precios asequibles, como el aspirador manual endouterino o el aborto con medicamentos. La denegación de información sobre los servicios de salud legales es una violación de los derechos humanos de las mujeres a la información y la atención médica. En cambio, se necesitarían pocos recursos adicionales para incorporar la atención segura del aborto y la atención postaborto.
En la última década, el mundo se ha percatado de la frecuencia de la violencia sexual como un acto de guerra. Las agencias donantes y humanitarias deben encabezar la iniciativa para garantizar que las sobrevivientes de agresión sexual reciban servicios adecuados de atención integral a la salud, incluida la atención segura del aborto.
El programa preliminar para la próxima Conferencia sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Emergencia, organizada por la Iniciativa RAISE en colaboración con el Consorcio de RHRC, enumera varias
sesiones donde se trata el aborto en situaciones de emergencia, la atención postaborto y la violencia
sexual. Es alentador ver que se destacan estos asuntos en este
importante foro mundial.
Para mayor información, diríjase a:
Kirsten Sherk
Gerente, Unidad de Comunicaciones
e-mail: sherkk@ipas.org
teléfono: 919.960.5612
fax: 919.929.0258
