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Photo (c) creative commons por Jeronimo Van der Meeren

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia, el tribunal más alto de la nación, emitió una orden el 17 de octubre a todos los ministros de los tribunales inferiores, que los obliga a implementar el Artículo 266 del Código Penal, el cual permite el aborto para salvar la vida y la salud de la mujer y en casos de violación o incesto.

En Bolivia, las leyes en vigor permiten el aborto sólo cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, y cuando ninguna otra medida puede eliminar el posible daño, o en casos de violación o incesto. En ambos casos, la ley e stipula que la mujer reciba autorización judicial antes que un médico pueda interrumpir su embarazo con el consentimiento de la mujer.

Pero aun bajo estas condiciones jurídicas, muchos factores en el proceso de autorización judicial contribuyen a que estos abortos sean casi imposibles de obtener. Hasta la fecha, sólo ha habido seis procedimientos de interrupción legal del embarazo en Bolivia. Los jueces y fiscales a menudo culpan a las mujeres por “provocar” la agresión sexual e intentan hacerlas desistir de denunciar los casos. Algunos fiscales son renuentes a presentar cargos contra los sospechosos de violación o tardan en seguir adelante con los cases, por lo cual resulta difícil para las mujeres cumplir con los requisitos jurídicos para la interrupción legal del embarazo en un plazo razonable. Más aún, en la eventualidad de que la mujer o joven reciba permiso de un juez para tener acceso a servicios de aborto legal, encontrar un médico que le brinde apoyo presenta otro obstáculo más: muchos médicos invocan la “objeción de conciencia” y se niegan a proporcionar el servicio legal, y posiblemente rehúsen remitir a la mujer a otro prestador de servicios que esté dispuesto a realizar la interrupción del embarazo.

En los últimos dos años, el trabajo de Ipas Bolivia cimentó la base para esta decisión. Ipas Bolivia convocó al Comité Nacional de Lucha contra la Violencia Sexual, compuesto de representantes de 30 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En marzo, el Comité Nacional celebró un simposio nacional para tratar la violencia sexual. Gineco-obstetras, abogados, fiscales; representantes de la Corte Suprema y la Corte Superior de Justicia; representantes gubernamentales, policías y representantes de ONG internacionales, con el fin de tratar la violencia sexual y encontrar formas de evitar que suceda. El fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto al artículo 266 es indicio de su compromiso a este problema.

Ipas Bolivia está trabajando para garantizar que todos los tribunales inferiores reciban documentación pertinente —normas y pautas nacionales para la atención del aborto, y declaraciones de CEDAW, el tratado internacional a favor de los derechos de las mujeres, que fue adoptado por las Naciones Unidas— con el fin de apoyarlos a implementar la ley. Ipas y otras organizaciones de la sociedad civil se asegurarán de que los profesionales del sector jurídico y el sector salud, así como las mujeres en toda la extensión del territorio nacional, estén informados de esta decisión.

En Bolivia existe una de las tasas de mortalidad materna más altas de Latinoamérica. Las complicaciones del aborto inseguro son responsables de aproximadamente una tercera parte de las muertes maternas, así como de las lesiones de miles de mujeres más. Al eliminar las restricciones al aborto y ofrecer atención postaborto (tratamiento para las mujeres que han tenido abortos incompletos, abortos inseguros o abortos espontáneos, así como consejería sobre la planificación familiar) es posible disminuir marcadamente estas muertes y lesiones. El gobierno boliviano incluye la atención postaborto como un servicio básico en el Seguro Universal de Salud. Sin embargo, muchas mujeres bolivianas tardan en acudir al hospital después de tener un aborto inseguro por temor a recibir malos tratos de los profesionales de la salud.

Ipas Bolivia invita a las organizaciones a escribir al Presidente y a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia para felicitarlos por este fallo y para expresar su apoyo por los esfuerzos por garantizar que las autoridades pertinentes y el público en general estén debidamente informados.

Puede enviar sus cartas a:

SR. PRESIDENTE Y MINISTROS DE SALA PLENA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Parque Bolivar
Casillas de Correo 211 y 321
Sucre - Bolivia
Central Telefónica 591 - 4 - 6453200
Correo electrónico: cortesuprema@poderjudicialgovbo

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Para mayor información, diríjase a: media@ipas.org